Los representantes de los distintos poderes del Estado, la Fiscalía y las ramas de las policías, fueron convocados por el Presidente Gabriel Boric para abordar los últimos atentados que han tenido lugar en el país y que mantienen preocupados al Mandatario y a su administración.

Al encuentro concurrieron el fiscal nacional, Ángel Valencia; el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Fuentes; el líder del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL). A ellos se sumaron el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

La cita -que se extendió por más de una hora y media- tuvo como principal objetivo -según dijo previamente la ministra del Interior, Carolina Tohá- “analizar los antecedentes que los distintos organismos tienen para intercambiarlos y también acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones”.

Se trata de los hechos registrados el pasado 9 de junio, en Valparaíso, donde se adosaron explosivos en una torre de alta tensión, a un ataque similar que ocurrió ese mismo día en Cañete y a la instalación de un artefacto explosivo en la línea férrea en el puente Itata, en la Región de Ñuble. Y el miércoles se sumó un ataque incendiario a una capilla en Freire.

El Ministerio del Interior se querelló en los tres primeros casos invocando la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos y no la Ley Antiterrorista, a propósito de la deficiencia que ha advertido el gobierno de Boric respecto de esa norma.

Y, de hecho, la reforma que La Moneda ha comprometido sobre esa normativa se tomó parte importante de la reunión. Según explicó a la salida el ministro de Justicia, Luis Cordero, se acordó crear un equipo multidisciplinario -integrado por representantes de las policías y los poderes del Estado presentes en la cita- para que se logre consensuar un texto de reforma en un plazo de 30 días.

“Fue una reunión en que se manifestó la inquietud y la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo y, por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlo desde sus distintas atribuciones. Quedó un compromiso de 30 días con coordinación de los ministerios del Interior y Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin”, afirmó el secretario de Estado.

El titular de Justicia agregó que “es un debate bien antiguo en el derecho chileno si se utiliza o no se utiliza la Ley Antiterrorista, que las penas más altas están en la Ley de Armas y no en la Ley Antiterrorista, en eso hay consenso legal, por cierto (...). Lo que está claro es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, entre otras, no solo por la manera en que está regulado el delito, sino porque requiere actualización de contenido”.

En esa línea, explicó que las enmiendas a la Ley Antiterrorista debiesen ir en línea con el aumento de penas, pero también de la tipificación del delito y la necesidad de probar un ánimo específico para lograr una condena.

Sobre ese punto también comentó el presidente de la Cámara Baja. “Como conclusión de la reunión nos hemos comprometido a lo que ya era un compromiso unilateral del gobierno respecto de las modificaciones a la Ley Antiterrorista. Ahora, ese es un compromiso de la mesa en su conjunto, un compromiso para que en 30 días más nos volvamos a reunir con un texto que recoja incorporaciones de las policías, de la fiscalía, todo lo que esas instituciones tengan que decir para tipificar mejor el delito terrorista, de tal manera que sea efectivo”, dijo el diputado Mirosevic.

Su par del Senado, en tanto, sostuvo que “nos parece muy importante tener una visión objetiva de lo que ocurre y es que estamos frente a actos de carácter terrorista y en eso los Estados se tienen que defender. Acá se ha ratificado la necesidad de avanzar con los 31 proyectos que acordamos despachar en el Senado, algunos de los cuales tienen directa relación con el funcionamiento de los sistemas de inteligencia que claramente es una debilidad en Chile hace muchos años”.

Coloma añadió que “en el caso del terrorismo, hay una ley que hay que utilizarla, pero uno puede ir mejorándola (...). Se habla de que la tipificación es compleja, pero, a mi juicio, si es una ley, esta tiene que invocarse. Acá se habló básicamente de actuar en esta materia sin complejos, cuando hay un acto terrorista hay que decirlo, no hay que soslayarlo ni minimizarlo, porque esta es una cosa severa, tampoco maximizarlo”.

En la antesala de la cita, el propio Presidente Boric había abordado la necesidad de avanzar durante el segundo semestre en esta reforma, y lo mismo les transmitió la noche del martes a los parlamentarios de La Araucanía y el Biobío en Cerro Castillo.

“Los países desarrollados que han tenido expresiones de este tipo cuentan con leyes antiterroristas modernas y el problema que hoy día tiene Chile es que es ineficaz, y no solo es ineficaz, sino que cuando ha sido utilizada, Chile ha sido condenado por organismos internacionales por el mal uso que se le ha dado”, dijo el Mandatario.

Y agregó: “Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una moderna y una eficaz, y por eso como gobierno nos hemos comprometido a ingresar un paquete de modificaciones a la actual legislación durante el segundo semestre. Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población”.