El proyecto de ley que pretende crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), y que fue ingresado en el 2014 mediante moción al Senado por parte del Gobierno de la ex Presidente Michelle Bachelet, está en la recta final para convertirse en norma.

En efecto, la sala del Senado aprobó por 28 votos a favor y 2 en contra, en una jornada marcada por manifestaciones de trabajadores y trabajadoras de la actividad salmonera, el informe de la Comisión Mixta, conglomerado de parlamentarios y parlamentarias que estuvo a cargo de resolver las diferencias sobre el proyecto que busca crear el Sbap y regular actividades industriales en áreas silvestres.

El seremi de Medioambiente del Biobío, Oscar Reicher, valoró el proyecto diciendo que “la valoración que se hace respecto de este proyecto de ley es totalmente positiva, en atención a que es una deuda histórica que el país tiene con sus áreas protegidas. Hay que contextualizar que Chile es un “hotspot” de biodiversidad. O sea, en esta parte del planeta, se encuentran especies animales y vegetales que no se hayan en ninguna otra parte del planeta”.

De esa forma, tras la aprobación del Senado, y según informaciones de la misma Cámara Alta, el texto quedó en condiciones de ser sometido a consideración en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Proyecto de Ley

Según el informe de la Comisión Mixta (Boletín N°9.404-12), el Senado designó como sus integrantes de dicha Comisión a las senadoras Isabel Allende (PS) y Paulina Núñez (RN), y a los senadores Sergio Gahona (UDI), Juan Ignacio Latorre (RD) y Matías Walker (Independiente).

Por su parte, la Cámara de Diputados y Diputadas, Cámara Revisora, designó a los diputados Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Félix González (PEV), Daniel Melo, Benjamin Moreno (PS) -reemplazado por José Carlos Meza (Prep) y a la diputada Marisela Santibáñez (PC) – reemplazada por Jaime Sáez (RD)-, como sus integrantes de la Comisión Mixta.

Con dicho equipo de trabajo, el proyecto de ley que fue despachado a la Cámara Baja para su revisión, expresa en el Artículo 1 del primer capítulo que refiere a las disposiciones generales, que “la presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas”.
Para aquellos efectos, es que en el capítulo dos, Artículo 4, se indica: “créase el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas”.

Al respecto, el diputado Félix González (PEV), quien es parte de la Cámara Revisora de la Comisión Experta, dijo que “es un proyecto que tiene tres partes. La primera, es crear el servicio, y que tenga las atribuciones en las áreas protegidas que hoy tiene la Conaf, Sernapesca, Subpesca, distintos servicios públicos que tiene injerencia sobre algunos territorios. En este caso, este nuevo servicio es quien se haría cargo de la administración y también de las posibles sanciones por destrucción de los lugares por irrupción y actividades que no están permitidas”.

Beneficios para la Región

Según comentó el seremi de Medioambiente del Biobío, Oscar Reicher, “con la creación de este Servicio (Sbap), se busca ordenar administrativamente las áreas protegidas del Estado, en atención a que, actualmente, se da una dispersión administrativa de las distintas tipologías de áreas protegidas: Parques Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Reservas Vírgenes, Reservas Regionales, entre otras que están dispersas en distintos ministerio y servicios públicos”.

Además, dijo que “uno de los beneficios que trae este proyecto de ley es centralizar y responsabilizar en un organismo público la administración y protección de estas áreas (…) de forma descentralizada y con patrimonio propio”.

Casi se aprueba el texto completo

Si bien la Comisión Mixta aprobó en gran parte el proyecto de ley, no se logró acuerdo en los artículos que tenían que ver con concesiones económicas para proyectos como los de salmonicultura, energéticos o mineros.

Así lo afirmó el presidente de dicha Comisión, el senador Latorre, al decir que “el proyecto tuvo a lo largo de su tramitación, más de trescientos cambios introducidos durante el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, las que, en su mayoría fueron aprobadas por el Senado durante el tercer trámite constitucional, con excepción de nueve artículos”, entre ellos los que tienen que ver con la “la excepción respecto a concesiones sectoriales y modificación a la ley General de Pesca y Acuicultura”.

En ese sentido, González explica que “la segunda parte (del proyecto), y que no quedó bien, es cuáles son esas áreas protegidas. Y ahí, tanto la propuesta del Gobierno, que se queda corta, como la injerencia de la derecha que logró que quedaran los menos sitios protegidos, nos dejaron en un escenario más o menos parecido en el que estamos ahora. Entonces, en cuanto a la cantidad de áreas que van a estar bajo la administración de este servicio, va a quedar una cantidad menor y quedará abierto a que se vayan incorporando nuevos territorios, y eso sabemos que es lento, mientras tanto la depredación sigue”.

En ese sentido, y en relación a las divergencias en estos segmentos del proyecto de ley, y según informa la Cámara Alta, parlamentarios de regiones del sur recalcaron la importancia de hacer compatible la ley con las actividades productivas y las fuentes laborales de miles de pescadores artesanales y salmoneros, como también la necesidad de generar mayores controles y estándares a las actividades productivas.