Valentina Durán es abogada, magíster en derecho ambiental y directora titular del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y quien en las últimas horas estuvo de visita en Concepción donde entre sus actividades estuvo una reunión con representantes de gremios productivos, quienes a lo largo del país han sido críticos hace años en torno a lo dificultoso que resulta la tramitación ambiental para proyectos de distinto tipo, y lo engorroso, según estos, que es obtener los permisos sectoriales para los mismos.

En ese contexto, la titular del SEA se refirió a lo tratado en el encuentro con los representantes empresariales de la zona, entre los que estuvieron Asiment, CCHC Biobío, CPC Biobío, Corma, Asipes, Asexma Biobío, ASEM, y PymeMad.

“Acabamos de tener una reunión con representantes de distintos gremios, que fue una muy buena conversación en que pudimos contar cuáles son los principales ejes de gestión y prioridades, y sobre todo escuchar las dificultades y desafíos, que opinión de ellos, existen en la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos”, sostuvo.

Y precisamente una de las tareas, que sostuvo Durán, que ha enfrentado el actual gobierno es poder realizar modificaciones legales y administrativas que permitan clarificar y simplificar la tramitación ambiental, siempre desde el respeto a la legislación ambiental.

“Estamos trabajando, intentando generar las mayores confianzas posibles, certezas técnicas y jurídicas para todos los actores del sistemas, al margen que el Presidente, Gabriel Boric, anunció que se están trabajando modificaciones legales a la ley de Bases del Medioambiente y del Sistema de Impacto Ambiental de manera que genere mayores certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan de la Evaluación de Impacto Ambiental”.

Y parte de ese trabajo aseveró la directora del Servicio de Evaluación Ambiental ha estado y está en la elaboración de material que permita responder dudas y guiar a los interesados de ingresar proyectos al sistema, para que conozcan cómo hacerlo de manera adecuada, explicó.

“En este contexto, le contamos a este grupo de representantes de los gremios, en compañía del seremi de Economía (Javier Sepúlveda) y también del seremi de Medioambiente (Óscar Reicher), cómo trabajamos la generación de guías y criterios de evaluación en materias que son levantadas en materia de jurisprudencia por los distintos actores de la sociedad en la que se requiere mayores certezas”.

Cambio Climático

Pero como nada es tan simple, a las dificultades conocidas de tramitar ambientalmente, se suma que hoy el cambio climático impone una nueva mirada sobre los proyectos y su instalación y operación en un territorio, porque el aumento de la temperatura, la ausencia de lluvias o su presencia puntual y concentrada obligan a nuevas consideraciones, que incluyen los compromisos adquiridos por el país en materia ambiental en los últimos años, agregó Durán.

“También estuvimos comentando como hemos ido implementando el acuerdo de Escazú, de manera de asegurar una participación ciudadana informada que permitan también fortalecer los proyectos y, por otra parte, cómo hoy ante la crisis climática, cuyos efectos esta región conoce bien, estamos trabajando para incorporar las consideraciones de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental (…) en un contexto de emergencia climática es necesario que de una manera conocida y confiable para todos, nosotros demos a conocer cuál son esos criterios en relación con los riesgos climáticos que generan los distintos proyectos”.

Y en este mismo sentido la titular del SEA precisó que uno de los aspectos que se suele criticar, el de la alta tasa de rechazo de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental no es tal.

“En esta triple crisis climática, de pérdida de la biodiversidad, de contaminación, con una ciudadanía a la que crecientemente le importa más la protección del medioambiente, en que nosotros tenemos que asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, las exigencias en este ámbito se han ido elevando con los años y en ese contexto, primero quisiera aclarar que de los proyectos que llegan a calificación la mayoría son aprobados. Es decir, la tasa de rechazo de proyectos que llegan a es de aproximadamente un 7%, no sube más del 9%”, aseguró.

Por ello, Durán también subrayó que no solo se han recibido críticas, si no también que se aprecia el trabajo por intentar a través de las guías, cursos además del camino legislativo, ayudar a entender de mejor manera cuáles son los criterios que rigen a la hora de realizar una evaluación ambiental.

“Lo que escuchamos junto a la preocupación que se manifiesta por la aprobación de proyectos y por la necesidad de unificar los criterios, también es la valoración del esfuerzo que estamos haciendo en dictar estas guías y estos criterios de evaluación, porque con ese esfuerzo estamos reduciendo los espacios de discrecionalidad para poder decir claramente a los titulares y a los consultores qué tienen que hacer para lograr un proyecto bien aprobado”.

“Por eso que el mensaje que transmitimos acá, junto con dialogar y escuchar, es que necesitamos proyectos bien construidos, que se conozca el territorio, que se conozcan bien los diferentes componente del medioambiente y se preparen bien los estudios de una manera que permitan dar garantía a todos los actores de que se está cumpliendo la normativa ambiental y que se están tomando y previniendo medidas de mitigación y de compensación adecuadas para los impactos ambientales que se generan”.

Complejidad

Ahora bien, la directora ejecutiva del SEA, recordó igualmente, que ya está establecido a nivel internacional que cada vez que se interviene de forma significativa el medioambiente en un determinado lugar, esa intervención y sus impactos deben ser asumidos por quien las realiza, en pos del bien común.

“El principio contaminador pagador que está, que viene de la OCDE y que si alguien va ha intervenir el medioambiente necesita hacerse cargo de los costos que eso significa y financiarlos, por lo tanto, no quiero mirar en menos, por supuesto que hay complejidad en la evaluación de Impacto Ambiental y en la obtención de los permisos. Entendiendo esa complejidad, es que nosotros trabajamos con estos criterios y guías de evaluación y también impartiendo cursos, que están disponibles y son gratuitos para todos los actores. Sin perjuicio de ellos, nosotros atendemos al gran desafío que nos corresponde en la administración de este sistema y tenemos varios proyectos de mejora, al margen de los esfuerzos legislativos que ha anunciado el gobierno a través del Presidente, de la ministra Maisa Rojas, el ministro Marcel también lo ha mencionado en el contexto del pacto fiscal”.

“Nosotros colaboramos con el ministerio del Medioambiente en reformas al reglamento del SEIA. Y se elaboró una primera parte de la reforma y ahora estamos trabajando junto al Ministerio en una reforma que va a consistir en la racionalización de procedimientos, por ejemplo, intentar racionalizar la obtención de los permisos ambientales sectoriales de manera de también permitir una mayor agilidad en la tramitación de los proyectos y asegurar la ventanilla única de eso”, complementó.

En este sentido, recalcó que el SEA es un organismo que realiza su función a la luz de lo que la ley le obliga y le permite, donde la opinión de otros servicios públicos es importante, pero no la única.

“Tenemos la tarea de unificar criterios, entonces, hemos sacado varios instructivos, por ejemplo, para establecer y recordar a todos los actores que el servicio de evaluación ambiental no es un buzón de las opiniones de los servicios (públicos), si no que nosotros debemos incorporarlos en la medida que los servicios se pronuncien dentro del ámbito de sus competencias. La idea es reducir los ámbitos de discrecionalidad y asegurar una evaluación en que los elementos políticos, los elementos que son externos al cumplimiento normativo estén lo más lejos posible”.

Finalmente, si se ha logrado reducir efectivamente la discrecionalidad, la autoridad medioambiental expresó que es un desafío en desarrollo.

“Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo dentro del diseño institucional y legal actual para dar esas confianzas. Ahora bien, el Servicio de Evaluación Ambiental en cada región llega hasta la propuesta de una aprobación o rechazo a un proyecto decisión que es tomada por las Comisiones de Evaluación (…) Hay muchos sectores que están pidiendo mayor confianza y mayor agilidad y pensamos que es totalmente posible elevar las exigencias ambientales junto con simplificar los trámites y racionalizar la obtención de los permisos con servicios”, cerró la directora ejecutiva del SEA.