Los efectos del “Caso Convenios” no dan tregua. Todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el país no solo ha dañado públicamente al sistema político, sino que también a mermado las confianzas de las facultades y autonomía que poco a poco se ha ido otorgando a los Gobiernos Regionales, cuestión que estará presente en el debate para la Ley de Presupuesto 2024.

Y es que, tras el destape de casos de mal uso de recursos públicos y de posible corrupción, congresistas apuntan a que las condiciones de gobernadores, como los tratos directos, deberán ser materia de discusión en el Parlamento una vez sea presentada la ley por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos de Chile (Dipres).

La crítica y la pronta discusión legislativa

Sucede que, por ejemplo, en el escenario local, una vez que se conocieron los polémicos casos de convenios entre el Gobierno Regional del Biobío con fundaciones, corporaciones y ONG -los que actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público y Contraloría-, parlamentarios apuntaron de forma crítica a la posibilidad que tienen los gobernadores de poder generar tratos directos por montos inferiores a 7 mil UTM.

Dichos convenios, previo a su luz verde, son revisados únicamente por el mismo jefe regional en conjunto a la dirección técnica de la institución. En este caso, al Consejo Regional se le da cuenta de dichos convenios de forma trimestral, por lo que mayor injerencia ante con quiénes se generan las alianzas público-privadas antes de la concreción, no hay, y así lo han criticado parlamentarios.

El diputado Eric Aedo (DC), para ejemplificar, dijo que cuando llegue el momento de discutir la próxima ley de presupuestos, buscará terminar con el “secretismo” de los gobernadores, señalando también que por esta, y otras razones, la discusión en la Cámara se tornará complicada.

“Va a ser una discusión compleja que va a estar marcada por los actos de corrupción que hemos visto. La Ley de Presupuesto de 2024 va a tener más normas de control, tenemos que asegurar el buen uso de los recursos públicos y terminar con los espacios que permiten los escándalos que han ocurrido”, dijo Aedo.

Y sobre lo del “secretismo”, fue agudo en indicar que “los gobernadores, por sus propios actos, han perdido la confianza para el manejo discrecional de los recursos. Por lo tanto, tenemos que detener estas asignaciones directas”, señalando que, en paralelo, se deben incorporar nuevas normas y exigencias a las organizaciones que accedan a fondos a través de proyectos.

Para la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), la discusión también será dura y extensa y, debido a la coyuntura, el foco se pondrá “a la probidad y al buen uso de recursos públicos”.

Aunque, al contrario de quitar atribuciones, para la parlamentaria un elemento esencial recaería en “hablar de una nueva regulación, una en donde se valide el rol de los consejeros regionales, y que sean estos parte relevante a la hora de asignación de recursos. Hoy tienen un papel secundario, concentrándose en demasía el poder en el gobernador o gobernadora”.

En esa misma línea, el diputado Félix González (PEV), explicó que “se hace muy necesario que en la misma ley de presupuesto se pongan algunos requisitos extra a la hora de ejecutar los fondos, como bajar la cantidad del monto que permite que vaya al Consejo Regional y que sea revisado y votado por las y los consejeros regionales”.

Elementos claves en la discusión

Las exigencias, según comentan las y los parlamentarios, será un punto fundamental en la discusión para la Ley de Presupuestos de 2024. Dentro de ellas, destacarán los mayores requisitos a organizaciones de la sociedad civil para poder adjudicarse dineros públicos, como también lo expuesto por el diputado González.

Y es que lo anterior viene de la mano con un nuevo cuestionamiento al Gobierno Central debido a que, durante las últimas horas, medios de prensa mencionaron que la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD), sería quien habría flexibilizado y bajado los requisitos a las organizaciones sin fines de lucro para obtener fondos públicos. Misma autoridad que, según palabras del fiscal Nacional, Ángel Valencia, podría ser citada a declarar para determinar cómo se originó dicha regulación presupuestaria.

En este punto, la diputada, Marlene Pérez (IND-UDI), dijo que “vamos a estar vigilantes ante un Gobierno que decidió a través de su Dirección de Presupuesto abrir la llave para permitir la entrega de recursos sin mayores exigencias a los Gobiernos Regionales”.

Indicando, además, que en virtud de que la ciudadanía exige mayor transparencia y un buen uso de los recursos públicos, “a los gobernadores regionales debemos exigirles mayor fiscalización y seguimiento en el otorgamiento de recursos por tratos directos a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones”.

Y sobre estas, el diputado Aedo explicó que, en la instancia deliberativa, otro de los elementos claves será fijar y exigir “las competencias y experiencia de las organizaciones que presenten y postulen a proyectos”.

Es así que la pronta discusión parlamentaria ya se edifica en: mayores estándares de probidad a los Gobiernos Regionales, la inclusión de los consejeros y consejeras regionales en los convenios que se pretendan realizar y el aumento de exigencias en las competencias de fundaciones que postulen a fondos públicos.

Peligro para el proceso descentralizador

Ahora bien, existe un temor en las regiones de que mayores regulaciones o el suprimir facultades a autoridades, pueda significar una piedra en el camino para el proceso descentralizador. De esa forma, y sin perjuicio de la probidad, los y las congresistas aludieron a un equilibrio entre ambos elementos.

Y es que, como bien ha dicho el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, parte fundamental de la descentralización es que los Gores puedan contar con las herramientas de toma decisiones en sus territorios en términos de presupuesto, licitación de proyectos, y, en particular, la que permite generar los tratos directos.

Así también lo ha reafirmado el Gobierno Central con su proyecto de ley “Regiones más fuertes”, el cual pretende otorgar más facultades a los gobernadores. Sin embargo, hoy, dichas facultades y motivaciones son cuestionadas.

En efecto, la diputada Karen Medina (PDG), comentó que “con todo lo que está pasando hoy, la descentralización, que nosotros hemos impulsado fuertemente, está en peligro, es algo que hay que conversar con todo lo que está pasando en los Gobiernos Regionales”.

“La discusión del próximo presupuesto va a estar condicionada a mucha restricción, particularmente soy partidaria que ningún recurso salga del Gobierno Regional sin que tenga que pasar por los Consejeros Regionales”, dijo Medina.

En tanto, la diputada Pérez señaló que el buen uso de recursos públicos no quiere decir menos atribuciones, “tenemos que ser capaces también de continuar con el proceso de descentralización”.

Asimismo, para la diputada Acevedo la fórmula va en la dirección de “impulsar iniciativas que vayan en la línea de otorgar mayores facultades a las regiones”, pero mejorando fortaleciendo los mecanismos de fiscalización.

Para el diputado Aedo, la situación es menos esperanzadora. “Lamentablemente, los gobernadores serán responsables del freno al proceso de descentralización. Hoy es imposible pensar en entregar mayores facultades a los gobiernos regionales con los escándalos que hemos conocido”.