La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca sancionar -como una falta- el porte injustificado de combustibles aptos para cometer atentados incendiarios durante reuniones en lugares públicos, con lo que ahora avanzó al Senado.

En detalle, la iniciativa "modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos".

Lo que busca el Ejecutivo con este proyecto presentado es que Carabineros pueda controlar y retener a las personas que sean sorprendidas con este tipo de elementos, ocupados muchas veces para armar artefactos incendiarios, para posteriormente llevarlos a la comisaría y dejarlos citados para que se les aplique una multa.

Pese a esto, la propuesta sufrió un importante cambio en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, donde diputados de la oposición -Andrés Longton (RN), Diego Schalper (RN), Andrés Jouannet (Amarillos), Rubén Oyarzo (PDG) y Gloria Naveillán (Social Cristiano)- habían logrado aprobar una indicación que consideraba ese actuar como un delito conducente a una pena de cárcel, provocando molestía en el Gobierno, que incluso no descartó ir al Tribunal Constitucional (TC) o vetar el proyecto si avanzaba de esa manera.

Dicho párrafo no aludía a manifestaciones sociales o protestas con barricadas y, según el Ejecutivo, podría eventualmente aplicarse en cualquier contexto, aún cuando el proyecto tiene una idea matriz que habla de las reuniones en lugares públicos.

La ministra del interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación en la Sala: "(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito". 

Finalmente, durante la votación de hoy, la Sala rechazó la admisibilidad de la polémica indicación. 

DIVISIÓN OFICIALISTA

La indicación generó división en el oficialismo, con algunos a favor y otros en contra.  

"Puede haber una persona con una mecha, otra persona con una botella de vidrio y otra con combustible, ¿y no se les puede detener? Lo que hace este proyecto de ley es proteger y repeler a aquellos que no quieren que haya manifestaciones pacíficas, sino que solo violencia", sostuvo el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, hoy en la Sala. 

En cambio, el diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, advirtió que "aceptar esa posibilidad implicaría poner en riesgo la protección de la libertad de las personas y posibilitar la arbitrariedad policial, como ya lo hemos visto muchas veces. El riesgo que presenta este proyecto entonces es la arbitrariedad con la que podrían obrar las fuerzas de orden en la selección de quienes sean escogidos". 

Desde la oposición, en tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) arguyó que "si dentro de la manifestación una persona tiene bencina, esa persona no va a echarla en la estufa y el policía que lo detiene no está violando los derechos humanos; está resguardando los derechos humanos del resto de las personas".