En medio de las indagatorias por el Caso Convenios, la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, allanaron las oficinas del Gobierno Regional del Biobío.

Se trató de equipos de la Brigada de Delitos Económicos, quienes, en compañía de la fiscal Maria José Aguayo, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, entraron hasta las instalaciones para recolectar antecedentes y material de investigación.

El allanamiento fue abordado por la misma Gobernación, que informó que de manera voluntaria entregaron "documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo, que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades".

"Como Gobierno Regional del Biobío, y tal como lo ha instruido el gobernador Rodrigo Díaz Wörner, estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiera ser irregular", indicaron a través de un comunicado.

Finalmente, dieron cuenta que producto de este escándalo han "tomado 15 medidas profundas que mejorarán la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos, reafirmando su compromiso con la probidad y la colaboración absoluta para aclarar y determinar las responsabilidades en cada caso".