Tal y como lo había adelantado el Gobernador Rodrigo Díaz Wörner en una entrevista de televisión el domingo pasado, el Gobierno Regional del Biobío presentó sendas querellas contra quienes resulten responsables por eventuales irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el GORE. 

Una de las acciones legales presentadas se relaciona con una iniciativa desarrollada por la Fundación En Ti, en Concepción. Tal como explicó la jefa de la Unidad Jurídica del GORE, Karen Flores, “se trata de una querella contra todos quienes pudieran resultar responsables por eventual mal uso y eventual malversación y apropiación indebida de fondos públicos. En ese sentido, tal como lo hemos dicho, tenemos un compromiso total con el resguardo de los recursos públicos. Somos los más interesados en que la situación se aclare lo más pronto posible, por eso no hemos hecho parte de la investigación de modo de poder colaborar los más activamente posible”.

Respecto de la segunda acción legal, Flores precisó que corresponde a la línea de proyectos concursables vía subvenciones, donde, a partir del proceso de auditoría interno que se lleva a cabo, saltaron a la vista eventuales irregularidades. El abogado penalista y asesor del GORE, Javier Ahumada, comentó sobre este caso que “tiene relación con fondos que fueron aplicados de manera dolosa, irregular, a propósitos que no tenían que ver con los proyectos a los cuales fueron destinados estos recursos”.

Sobre estas eventuales formas de fraude, el abogado explicó que “primero se duplican los proyectos. Es decir, un mismo proyecto, con los mismos propósitos y las mismas necesidades a cubrir, se duplican y se presenta a otro fondo concursable. Por tanto, se aplica un solo fondo, se realiza una sola acción y se cobra dos veces. Y eso, por cierto, es delito, eso no tiene ninguna dificultad de comprensión. Lo otro, y aquí es más grave y nítida la cosa, se nos presentan facturas falsas. La nitidez del delito es evidente”.

El abogado junto con manifestar que “lo que hace esta situación muy preocupante, es que en todas estas formas de cometer delitos aparecen dos nombres siempre”, agregó que dichas personas “venían recomendadas por la secretaría de una oficina parlamentaria”.

Karen Flores agregó que en el segundo caso las eventuales irregularidades “pudieran ser atribuibles a ciertas organizaciones intermedias y, con ello, no me estoy refiriendo ni a fundaciones ni a corporaciones, sino a Juntas de Vecinos u otras organizaciones comunitarias”. Lo anterior, surgió como resultado de procesos de fiscalización internos del Gobierno Regional.