El exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, demandó por tutela laboral al Ministerio del Trabajo, acusando un trato "innecesario y desproporcionado" en su salida del cargo y exige una indemnización de 580 millones de pesos por "daño moral". 

La acción judicial se lleva a cabo a dos meses de su salida del cargo por supuestas denuncias por acoso sexual y laboral, además de presuntos hostigamientos a funcionarias de la Subsecretaría. 

La exautoridad demandó al Ministerio del Trabajo por daños morales; por vulneraciones de la garantía constitucional de garantizar el "respeto y protección a la honra" de la persona y su familia; y de haber incurrido en errores de procedimiento, lo que fue presentado por el abogado Jorge Bofill en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, según consignó La Tercera y El Mercurio. 

La demanda argumenta que "la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad".

Por lo anterior, Larraín solicita una indemnización de perjuicios por 80 millones de pesos -equivalente a 11 remuneraciones mensuales- por la violación del derecho al honor, y otros 500 millones por la valorización del daño moral causado a su reputación profesional y personal.

Larraín señala en la demanda que se avaló públicamente la causa de la petición de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral "sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia", confesando asimismo que "de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada". 

CÓMO TRANSCURRIERON LOS HECHOS

Además, cronológicamente, se señaló que Larraín fue citado a una reunión con la ministra Jeannette Jara y ésta le dio a conocer que había una denuncia en su contra, por lo que le ordenó su renuncia para "evitar un escándalo". Aunque no se reveló la identidad del denunciante, sólo se le dio a conocer que la acusación se trataría de "uso de lenguaje de connotación sexual en público".

"Nunca se le instruyó sumario previo que permitiera comprobar o descartar la veracidad de las denuncias, ni se realizó investigación formal, como tampoco se le solicitó una declaración al respecto. No se aplicó la normativa vigente, ni protocolo, ni medida de protección alguna, cuestiones jurídicas de la mayor relevancia garantizadas por la Constitución", se ahonda en la demanda. 

Casi dos meses después, el 28 de julio, Larraín recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra Jara, se le cita a declarar el 3 de agosto a las 09:30 horas, en dependencias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ante el subsecretario de dicha cartera, Xavier Altamirano Molina, quien actúa como fiscal; y la actuaria Marcela Ruiz Calderón.

La acción judicial también indica que el Ministerio del Trabajo "debe excusarse" mediante una comunicación formal y pública mediante los medios de prensa nacionales, como también debe ser consignado en la página web de la cartera.