El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó toda la polémica en torno a lo que rodea la decisión de la Contraloría de declarar ilegales 29 convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que hasta ahora ya revisó.

Cuyos convenios objetados corresponden a acuerdos suscritos durante 2023 involucran más de $13 mil millones. El secretario de Estado reiteró que hay "un problema bien estructural que ha revelado el "Caso Convenios", en que hay veces que hay que hacer algunas explicaciones técnicas para poder entender parte del fenómeno".

Lo primero dijo, "es que tenemos un problema de abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, sino todos, están hechos con una impituación vinculadas a subtítulos 33 que en el fondo es transferencia de capital". Y esto genera varias consecuencias explicó, "la primera es que la regla general es que no se exijan boletas de garantías por la naturaleza de las transferencias. Eso ese un error estructural, no es un cosa de "se nos olvidó", y además es un tema que ha advertido la Contraloría".

En ese sentido, subrayó que aunque el organismo "ha señalado que no es obligatorio" comparte que "un administrador diligente sobre todo cuando realiza transferencias de volúmenes bien significativos al menos debiera buscar mecanismos para garantizar la ejecución de esos fondos públicos". Incluso, fue más allá y Cordero sostuvo que hay diferenciaciones, como un "problema estructural" que hay que resolverlo, en segundo lugar una "cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos con un uso discrecional en algunos casos arbitrarios" y lo tercero, "casos derechamente que tienen que ser calificados como corrupción". Sobre esto último, aseguró "creo que Democracia Viva es un caso".

En esa línea, Cordero explicó que "lo primero, es que usted puede entender corrupción como infracción a la ley o la comisión de delitos como cohecho, etc. Pero hay una segunda excepción que es la que nosotros en principio debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito".

"Y en esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de caso de corrupción. Y el caso de Democracia Viva es un ejemplo, es un ejemplo como de los 10 temas que uno podría detectar (como corrupción)", agregó. Por su parte, también se refirió a la polémica por la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, quien traspasó fondos a corporación cultural.

Sobre aquello, el secretario de Estado aseveró que "esto es una dinámica que ha sucedido en gobierno anteriores cuando tienen sus primeras administraciones.

Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración, yo creo que al Estado cuando ingresan, al menos deberían tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro".

En ese sentido, sugirió "al menos tener contratados a tres personas que son esenciales para evitarle problemas administrativos. Un buen jefe jurídico, un buen administrador de finanzas y un auditor. El caso de la subsecretaria, es un caso de libro, en que ella no debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad que ella trabajó previamente en el periodo de dos años".