Un informe con los resultados del proceso de participación ciudadana realizado entre el 7 de junio y el 7 de julio pasados, entregó este lunes al pleno del Consejo Constitucional la Secretaría.

Según se informó, en promedio un 87% de quienes respondieron la consulta ciudadana están de acuerdo con el anteproyecto de la Comisión Experta. En la ocasión, los rectores de la Universidad de Chile, Rosa Devés y de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, junto a expertos de los cuatro mecanismos de participación (iniciativas populares de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos y consulta ciudadana), entregaron detalles de la etapa que congregó a 269.864 personas.

Respecto a la consulta ciudadana donde participaron 28.685 personas, Flavio Cortés, detalló que un 52% de éstos eran hombres, un 46% mujeres. Además, un 11% se identificaron como pertenecientes a un pueblo indígena o tribal afrodescendiente (Revisa aquí el informe). Asimismo, indicó que "hay un muy alto y generalizado nivel de acuerdo con las propuestas del anteproyecto de la Comisión Experta.

De los 73 ítems que preguntamos, los participantes en promedio están de acuerdo en un 87% con la propuesta de la Comisión. De hecho, no hay ningún artículo que haya recibido una evaluación negativa".

Y agregó que del "total de 73 ítems consultados, sólo cuatro se ubicaron en el nivel del 60%, acuerdo moderado le llamados eso y solo uno bajo el tramo del 50% de acuerdo, pero todavía en la mayoría". Además, apuntó que también hay un muy alto nivel de importancia otorgado a los artículos, en promedio un 88% los considera importantes.

La alta aprobación también se repetiría entre los pueblos indígenas con un 87%. Respecto al alto porcentaje de acuerdo con el anteproyecto, la consejera Paloma Zúñiga (RD), planteó que "hemos dichos que valoramos el trabajo hecho por la Comisión Experta y entendemos que los ciudadanos de este país también.

Celebramos el resultado de la participación ciudadana en materia del anteproyecto, nos preocupan sí las enmiendas que se han entregado por parte de los distintos sectores y creemos que al igual que en la Comisión la capacidad de diálogo es fundamental". Desde RN, la consejera Ivonne Mangelsdorff, aseguró que toman los datos con una "alta responsabilidad y agradeciendo la participación ciudadana", aludió también a que las preocupaciones de la ciudadanía están en la seguridad y la transparencia.

Resultados específicos

Por otra parte, detalló que hay un altísimo grado de acuerdo, sobre el 90%, en los siguientes temas: Garantizar el orden y seguridad pública por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; en la Autonomía de los gobiernos regionales; la compensación de las regiones o comunas que sufran daños ambientales o sociales; la consagración de derechos sociales (a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social), la existencia de un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas; el cumplimiento del principios de probidad y erradicación de todo acto de corrupción de la función pública y la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo.

Por otra parte, hay un muy alto acuerdo en un 84% con el Estado social y democrático de derecho; también manifiestan 80% de acuerdo en propuestas sobre reconocimiento de pueblos indígenas, participación política, y respeto y promoción de sus derechos. Además, hay un alto acuerdo con los 4 años de duración de período presidencial con un 79%, pero un 61% los está con que no pueda ser reelegido inmediatamente.

Además, hay un alto acuerdo en requisitos para ser elegidos diputados y senadores con un 72%, pero un menor nivel de acuerdo con un 59% con el mínimo electoral para asumir el cargo. Además, se hizo un análisis sobre los sentimientos ante el texto y el proceso. La valoración positiva al anteproyecto es mayor (50%) que la negativa (42%).

Con ello, hay un número importante de personas que sienten emociones negativas hacia la propuesta, aunque en un 30% de tales respuestas no se hace referencia directa al anteproyecto, sino que desaprueban el proceso.

Consulta indígena

Respecto a la participación indígena, esto se dio dentro de los cuatro mecanismos ya mencionados. Así, 28 de las personas identificadas como parte de éstos fueron parte de las iniciativas populares de norma; 61de las audiencias públicas; 201 de los diálogos convocados; 1.036 de los diálogos autoconvocados y 2.907 de la consulta ciudadana.

Medidas de probidad

Tras el pleno, los consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano, realizaron por primera vez un punto de prensa conjunto para destacar sus medidas de probidad y transparencia, aludiendo al caso de los convenios entre el Gobierno y fundaciones y a los últimos hechos con el robo desde el Ministerio de Desarrollo Social.

En ese sentido, el consejero de Republicanos Antonio Barchiesi afirmó que "hacemos un llamado a todos los consejeros constitucionales a respaldar las enmiendas presentadas el día lunes que tienen por objeto modernizar el Estado y garantizar la transparencia y la probidad, en el uso de los recursos públicos". En concreto, los instó a respaldar la iniciativa de inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a todos quienes han sido condenados por hechos de corrupción, llamada "muerte cívica", entre otras, como la que crea tribunales especializados en estos casos o una fiscalía especializada.

La consejera Mangelsdorff, planteó que sus enmiendas "recogen el espíritu del combate a la corrupción de quienes tienen que dar el ejemplo al combate a la ciudadanía".

Mientras que el delegado de la bancada UDI, Arturo Phillips, precisó que "acá hay un primer gesto de unidad, la política se trata de mostrar primero la unidad más que las diferencias, hacemos el llamado a que todas las fuerzas se sumen a tener herramientas para combatir la corrupción".

El consejero Yerko Ljubetic (CS) aseguró que las enmiendas del oficialismo también tocan esos temas y esperan sean acogidas por la oposición.

"Si hay una real voluntad de avanzar en esta materia creo que hay que hacerse cargo de cuestiones que van contenidas en las enmiendas que como bloque hemos presentado", sostuvo.

El consejero también acusó que en la derecha, "han presentado enmiendas que van en contra de los acuerdos que pensábamos que a raíz de los casos Penta, Soquimich y otros que eran un consenso consolidado en la sociedad, en materias de poner particular atención en la relación entre dinero y política.

Pero acá nos encontramos con enmiendas que pretenden eliminar el financiamiento público en materia de campañas y la prohibición de aquella personas jurídicas que contribuyan a financiar vía donaciones a las candidaturas".