Dentro de los 1.269 médicos obstetras del sistema público que pueden interrumpir embarazos mediante la Ley que desde 2017 permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo tres causales, 599 son objetores de conciencia en el caso de violación, es decir el 47%.

La cifra, dada a conocer es menor en los casos de inviabilidad fetal baja a 337 (26%) y a 263 (18%) ante riesgo materno.

La proporción, pese a la baja, se ha mantenido estable en el tiempo desde la entrada en vigencia de la ley en 2017, cuando la disposición legal sobre violación llegó a un rechazo del 50% por parte de los obstetras para practicar abortos.

Entre 2020 y 2021, 40 mujeres fueron trasladadas entre servicios de salud para un procedimiento de aborto, tras certificar que su gestación estaba dentro de las tres causales. De aquellas, ocho fueron por falta de funcionarios disponibles para el procedimiento, mientras que el resto fue por la complejidad en el manejo clínico de las pacientes.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que los traslados y derivaciones están vinculadas "a la falta de dotación de personal" y que ello "es problemático porque hablamos de mujeres que están viviendo situaciones traumáticas", señaló.

Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, afirmó por su parte que estas responden "al mandato de garantizar el derecho de interrupción voluntaria del embarazo", aunque sostuvo que es "deber del sistema sanitario garantizar el acceso oportuno a la prestación a mujeres y personas gestantes".

"Trabajaremos por contar con los equipos necesarios en cada centro asistencial, dejando como último recurso la derivación a otros establecimiento", manifestó. Para esto, habilitarán un departamento de género en el Minsal para detectar los conflictos existentes y "visualizar y hacernos cargo de mejor manera de las brechas de género que tiene nuestro sistema sanitario".

LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Actualmente, de los 68 autorizados en el país, hay cinco recintos de salud ubicados en Pitrufquén, Talagante, Constitución, Cañete y Aysén donde todos los médicos obstetras contratados son objetores de conciencia para la causal de violación.

Mientras que siete centros en Angol, Vallenar, San Camilo, San Fernando, Santa Cruz, Victoria y Cauquenes cuentan solo con un doctor disponible para realizar abortos, dejando al establecimiento sin personal en caso de que deba tomar vacaciones, licencia médica o no esté de turno.

Valentina Pantoja, presidenta del Departamento Nacional de Género y Salud del Colegio Médico, mencionó que "una de las barreras es la falta de responsabilidad de las instituciones" en lograr que las mujeres accedan a un aborto, provocando que la usuaria "termina sola buscando algún establecimiento de salud que no tenga un objetor".

"Lo importante es que se pueda convivir entre el objetor, el que no lo es y la mujer o persona gestante que quiera acceder a la ley", indicó.

Paz Robledo, una de las redactoras del reglamento de la Ley IVE, insiste en que se deben regular los hospitales públicos y que prime el derecho de las mujeres, ya que "deben ser situaciones excepcionales los objetores de conciencia en el sistema público".

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO ESTABLECIDO

El pleno de la Convención Constitucional aprobó esta semana un artículo que establece que el Estado deberá garantizar las condiciones para el aborto, en el que uno de los incisos determina que se garantizará "su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones".

Sofía Salas, académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, manifestó que desde el punto de vista ético, "la objeción de conciencia obedece al respeto de las creencias morales más profundas de estas personas, y si se prohibiera por ley la posibilidad de objetar, quedarían médicos sin conciencia".

"A mí me parece que lo más adecuado es organizar el sistema de tal modo que asegure que en todos los hospitales donde se puede abortar estén siempre los equipos clínicos adecuados", mencionó, asegurando que ello "significa direccionar la contratación a no objetores en los lugares donde todos o muchos lo son".

Álvaro Insunza, presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, sostuvo que estando de acuerdo "que los médicos puedan ejercer la objeción de conciencia individual", entienden que eventualmente "se va producir un conflicto ético entre el derecho de la autonomía de la mujer y el derecho de ejercer la libertad de conciencia", lo que deben ser "capaces" de resolver.

Pamela Eguiguren, doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile, explicó que en el país, las razones para la objeción de conciencia "no tienen que ver con convicciones religiosas, hay temas más de identificación con la ley", lo que según la académica "no es legítimo", ya que "un servicio público tiene que brindar la atención a la cual se compromete, y una ley implica garantía de derecho".

Eguiguren apuntó que "la forma de declararse objetor u objetora es superficial. En los formularios no se explican las razones. Es un trámite súper banal".

El año pasado en el país se realizaron 625 abortos, 112 por violación, mientras que en 2020 fueron 588, y 143 de estos por la misma causal.